El Gobierno socialista de Baleares, liderado por Francina Armengol, aprobaba este viernes una nueva ley con la que se pretende perseguir a aquellos propietarios que tengan viviendas cerradas durante más de dos años sin motivo aparente y que sean propiedad de personas físicas o jurídica dedicadas al sector inmobiliario con más de diez inmuebles en propiedad.
El ejecutivo, controlado por los socialistas y por la extrema izquierda, ha dado luz verde al desarrollo de la Ley de Vivienda, que tiene como objetivo, según el Gobierno balear, «facilitar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna».
El decreto aprobado se basa en tres ejes: la determinación precisa de las condiciones de las viviendas susceptibles de pasar a integrar la bolsa de viviendas vacías, el funcionamiento de este registro de inmuebles y el proceso de cesión, voluntaria o forzosa, de los pisos, cuyos propietarios serán compensados por la administración pública.
Marco Pons, consejero de Territorio, Energía y Movilidad, ha defendido: «Nuestro objetivo es que no haya viviendas vacías y que los inmuebles residenciales estén en el mercado para atender las necesidades de la población en lugar de ser un bien especulativo sin uso».
Desde hace casi un año, en Baleares existe la obligatoriedad de cesión para alquiler social por parte de aquellos propietarios que tengan más de diez propiedades en su haber.
Los titulares de estos pisos, igual que los dueños de los que sean expropiados por falta de acuerdo, serán compensados con un precio que se abonará de forma íntegra por los siete años al inicio del periodo de cesión.