Pedro Sánchez y su equipo saben que el hemiciclo estará más diseminado que nunca, con hasta 5 partidos mayoritarios -uno más que en 2016-, que tratarán de gobernar el país. Y esa es la razón por la que el ejecutivo del PSOE está pertrechándose para permanecer varios meses en funciones, en una situación similar a la de Rajoy en 2015.
Por este motivo, el Ministerio de Hacienda, ante la inseguridad de cuando podrá España contar con unos presupuestos, ha comenzado la tarea de ajustar el déficit a lo solicitado por la Unión Europea. El 2018 terminó con un déficit del 2,6%, pero el objetivo marcado por Bruselas estaba en un 1,3% para el final de este año y esa cifra es hoy por hoy inasumible.
Si España quiere ceñirse al máximo al objetivo de déficit, la única solución será realizar ajustes y recortes en el gasto. La esperanza de Pedro Sánchez es que el crecimiento de la economía compense lo suficiente en términos de impuestos para conseguir equilibrar la balanza. La realidad es que Hacienda deberá imponerse unos objetivos menos optimistas que los marcados por Sánchez.
Dado que sin PGE no se podrán aplicar impuestos extraordinarios, el plan de Hacienda pasa por luchar contra el fraude fiscal, recaudando mayores sumas y presionando más si cabe a las pymes y autónomos en sus deberes fiscales durante este periodo en funciones, y además limitar las inversiones, manteniendo el dinero presupuestado en las arcas públicas.