La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además del equipo de gobierno, formado por el partido podemita, Barcelona en Comú y el PSC, vulneraron los derechos funamentales de los ciudadanos.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona obliga a Ada Colau a retirar el cartel que apoyar a los golpistas separatistas y en el que hay un lazo amarillo, puesto que dicho cartel supone una exclusión de numerosos ciudadanos.
«Se utiliza para recordar a dirigentes políticos y sociales que se encontraban, entonces, en prisión preventiva y ahora ya condenados por graves delitos, por el Tribunal Supremo, es incuestionable, como también lo es, por ello, que se trata de un símbolo partidista, en el sentido de que se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión del resto», establece el juzgado.
La sentencia añade lo siguiente: «La ostentación de ese símbolo partidista en los edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la Administración Pública, Administración, recuérdese, que no es un poder soberano sino una organización subalterna al servicio de la comunidad; la función que constitucionalmente tiene atribuida la Administración Pública no es otra que cumplir con objetividad los intereses generales, esto es, la Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, de todos, en su conjunto, y ello, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho».