Fue en agosto de 2018 cuando Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, confirmaba que el Gobierno socialista dio luz verde a la puesta a punto de hasta 25 piscinas en las cárceles de España.
En aquel entonces, Francisco Llamzares lementó que los trabajadores de las prisiones «tengan que ver que sí hay dinero para poner una parte de las piscinas en funcionamiento».
«Llevamos tiempo demandado, como son la subida de niveles, el pase del cuerpo de ayudantes al grupo B, las mejoras económicas del complemento específico, y la reordenación y actualización de las actuales categorías de los centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP», explicó.
El Gobierno gasta 360.000€ en mejorar las piscinas
Ahora, el Ministerio del Interior ha confirmado la inversión de 360.000€ a la puesta en marcha de más prisiones, así lo confirman los datos de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias.
Los presos de la cárceles españoles podrán usar la piscina desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, aunque en algunos casos, la piscina cerrará antes. Como si de una piscina municipal se tratara, la normativa les obliga a contar con socorristas que atiendan la seguridad de los bañistas. Para ello se contrarán a 51 socorristas titulados, lo que tendrá un coste de 41.000€ para las arcas públicas.