A pesar de que el sistema de pensiones se encuentra en quiebra técnica, Pedro Sánchez tiene preparada en su agenda una nueva subida para convencer a los pensionistas de votar al PSOE en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Tal como ha podido conocer El Mundo, el objetivo es revisarlas al alza por encima del 0,25% que fija la el Indice de Revalorización de las Pensiones, que mantiene esa cantidad como objetivo mientras la Tesorería de la Seguridad Social se encuentre en déficit.
Hay que recordar que a finales de 2018 Pedro Sánchez ya llevó a cabo una maniobra similar, que aumentó las pensiones en un 1,7%, casi 1,5 puntos por encima de lo que establecía el IRP. Ese aumento costó 2.700 millones de euros a las arcas públicas, y lo peor, es que ese aumento se arrastra también durante este año, puesto que las pensiones se pagan todos los meses.
El IPC de 2018 se situó en el 1,2%, de modo que Sánchez aumentó la cantidad en medio punto. Si se repitiese el movimiento este año el aumento sería de al menos un 0,8%, ya que la inflación se sitúa en un 0,3%. El ajuste podría suponer un gasto de unos 1.400 millones de euros que tendrían que salir de un nuevo préstamo, ya que la Seguridad Social no tiene fondos para cubrir las demandas actuales de los pensionistas.
En la última ocasión, Sánchez sacó adelante la subida gracias a un Real Decreto Ley, dentro de sus viernes sociales. Ahora el asunto no es tan sencillo. La Abogacía del Estado debe dar su visto bueno, ya que el Gobierno de Sánchez se encuentra en funciones y no cuenta con partidas presupuestarias destinadas a tal fin. La petición que Sánchez parece haber solicitado a los abogados del Estado es conocer la legalidad de aplicar esta medida con un nuevo decreto de «extrema y urgente necesidad», algo que podría llegar a ser Inconstitucional, y de ahí la necesidad de contar con la opinión experta en esta materia.