España gasta anualmente más de 75.000 millones de euros en sanidad. La parte abonada por el Gobierno es muy pequeña comparativamente, ya que sus competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Sin embargo, Pedro Sánchez cambió la legislación vigente permitiendo que los inmigrantes sin residencia legal en España accediesen de manera gratuita a todos los servicios sanitarios españoles, sin dar capacidad de decisión en la materia a las autonomías.
A pesar de que los inmigrantes no tienen que abonar ninguna cantidad por los servicios, a los españoles no nos salen gratis, aunque pueda parecerlo por no ser un pago directo. El coste por habitante de la sanidad española ascendió en 2018 a 1.617 euros por español. Una cantidad significativa, que podría reducirse en gran medida si volvieran a aplicarse las políticas que actualmente la mayoría de países europeos siguen teniendo en vigor.
Cuando cualquier español viaja de vacaciones a un país europeo, se genera una factura por los servicios sanitarios que abona España. O en el peor de los casos, si no se ha cotizado lo suficiente o no se cuenta con tarjeta sanitaria europea, los gastos médicos corren directamente a cargo del paciente. Se da ahora mismo el caso de que un español en el extranjero está más indefenso que cualquier inmigrante que llega a España.
Sin embargo, la Ministra Carcedo se muestra bastante orgullosa de los datos. «Por encima de cifras, lo que se recuperó es que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud por su condición de persona, de ciudadanía, en línea con los conceptos de derechos humanos».