Nadie ha visto el supuesto acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero en Asturias, ni siquiera la Guardia Civil ni los escoltas que acompañan a la pareja.
Este jueves, 20 de agosto, El Comercio ha publicado un artículo en el que afirma que «la escolta de Iglesias y Montero, obviamente pagada por todos los españoles, a fecha de ayer no había remitido ningún atestado a la Fiscalía para investigar ni amenazas ni acoso de ningún tipo durante su estancia en Lena».
«Tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y recordaron que sin la recepción de estos documentos donde se especifique los hechos acontecidos no se puede establecer la «notitia criminis o noticia directa» necesaria para determinar la relevancia penal de la denuncia pública formulada por el vicepresidente y la ministra de Igualdad», añade en el artículo.
El mismo periódico explica que «ambos miembros del Gobierno cuentan, además, con un equipo de escoltas de la Policía Nacional que, en el ejercicio de sus funciones, pueden remitir un atestado a la Fiscalía si consideran que los hechos tuvieran indicios delictivos o suficiente trascedencia para su correspondiente investigación judicial».
Es evidente que los únicos que confirman el acoso son Pablo Iglesias e Irene Montero, dos políticos que han cogido el gustillo a hacerse las víctimas.